Correo – Proceso

“Vamos bien…” ¿Quiénes? ¿adónde?

Narcotráfico, corrupción, contrabando, inseguridad ciudadana y deficiente gestión, las 5 debilidades del régimen populista

Publicado – BolPress Agosto 2011

Por: Rolando Carvajal

La aparatosa propaganda y los fastuosos escenarios de escarapelas, whipalas, efigies y murales no logran esconder los retrocesos del cambio, sus desilusiones y promesas pendientes, al margen de la presencia campesina y chola a la zaga de los operadores del poder, en un estancamiento que amenaza en derivar en mayor corrupción y desconcierto, y peor aún: más Estado-fisgón.

Rolando Carvajal

A menos de dos meses de un eventual rechazo a sus políticas de Estado y lejos de los 2/3 –virtual adiós– con que avasalló a sus adversarios y consiguió imponer varias de sus decisiones, el Presidente Evo Morales observó en agosto, entrado el sexto año de

gestión, cinco debilidades de su régimen populista: el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, la inseguridad ciudadana y las deficiencias de la gestión estatal.

Pero olvidó otras tantas, iguales o peores, sí mencionadas por diversos sectores: Las dudas sobre el futuro nacional en manos del partido de gobierno, por ejemplo; o los horizontes alternativos al estancamiento y quizá retroceso del “proceso de cambio” que se debate entre el desencanto y la restauración neoliberal denunciada por los disidentes; las “tensiones creativas” de su vicepresidente Alvaro García y el laberinto ideológico de sus bases empeñadas en el ejercicio ya inescrupuloso del poder, o la incorporación interminable de los reciclados de la derecha a la nueva institucionalidad estatal.

Junto a ellas, la evaluación presidencial omitió asimismo la incertidumbre económica, sobre todo energética –apagones de por medio quemando equipos- y alimentaria, que se rumia entre hogares y agentes productivos; lo mismo que el gasolinazo o mini-gasolinazos pendientes sin tocar a los choferes sindicalizados, las alzas anticipadas, los resultados de las nacionalizaciones en YPFB, Entel y otras estatales.

O específicamente la “quiebra” de Guaracachi, la inversión insuficiente y los correctivos a la baja ejecución presupuestaria (31 % entre las Gobernaciones y el Ejecutivo, ni qué decir en los municipios).

Relegando otras deficiencias en salud, educación, empleo y autonomías, el mandatario tampoco se refirió a los diversos conflictos y protestas regionales que esperan turno para hacerse escuchar o explotar sin previo aviso; como las de Potosí, aletargadas un año.

O las recientes de El Alto por la postergación del Censo para fines del 2012, la animadversión en el Beni, la corrupción en Pando, el resentimiento en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, la rebeldía desafiante de las ciudades en La Paz y Oruro, la sorda revancha que ser arma en Cochabamba (su aprobación en el valle declinó al 40 %, según Ipsos Apoyo, a julio).

Distante de lo ampuloso de sus discursos en anteriores años, Morales eludió también hablar de las metidas de pata en el territorio indígena del Isiboro-Sécure (cuando hay tramos destruidos más importantes que hacer: El Sillar el Cochabamba, la ruta La Paz-Beni, los puentes sobre el Mamoré), y de las elecciones judiciales impugnadas por disidentes, ex aliados y los restos de la oposición que se frotan las manos ante un nuevo regalo de los genios masistas (“vamos a ganar con el 90%… en las áreas rurales”, dijo Morales al cerrar agosto).

Brilló también por su ausencia el tema del mar, signado en menos de cinco meses, desde el 23 de marzo pasado, por el doble fracaso de la bilateralidad que no cuaja ni de la multilateralidad que no llega, habiendo más bien salvado a su colega José Piñera de la caída libre en las encuestas, reuniéndose con mandatario chileno en Lima, tras la asunción de Ollanta Humala, en medio de la crisis social que fatiga a Santiago, agobiada por los estudiantes.

El logro más significativo de Morales, publicitado aún por sus propagandistas pese a cuestionamientos metodológicos –“un millón de pobres que pasaron a ser clase media” (la extrema pobreza de 3.7 millones de personas bajó a 2.7 millones)–, ha caído en los pies de las mismas cifras de Naciones Unidas:

“…todavía una cuarta parte de la población boliviana vive sin ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente, es la extrema pobreza y en el caso de los indígenas esto sube más”, a casi un tercio, reveló Yoriko Yasukawa, representante de NNUU, días antes de conocerse algunas de las actividades en que sí el estado Plurinacional es eficiente: el seguimiento a las llamadas telefónicas de los ciudadanos y el uso de la televisión estatal para atacar a sus propios disidentes, como los críticos a la marcha contra la carretera por el TIPNIS que, según la advertencia presidencial, se construirá “sí o sí”.

Bonanza para quiénes

La Fundación Jubileo, de la Iglesia Católica, precisó que los años de vacas gordas han beneficiado con mayor peso a cocaleros, contrabandistas (sobre todo los dedicados a los autos “chutos”), narcotraficantes y cooperativistas mineros. Para Juan Carlos Núñez, director de Jubileo, los cocaleros están entre los más favorecidos, al margen de la gente involucrada en el narcotráfico y el contrabando.

Sin embargo, Jubileo no mencionó a los militares que junto a las organizaciones sociales son el factor de masa y de fuerza (novísimo pacto militar-campesino a la manera de las dictaduras militares de los 60-70) que sustenta al régimen, pues a decir del Presidente sólo éstos garantizan la “revolución profunda”, económica, social, cultural del país.

Tampoco el mandatario mencionó a banqueros, entre los beneficiarios más sobresalientes de sus seis años en el poder, ni las ventajas concedidas y por ceder a los choferes, quinta columna de los nuevos allegados al régimen populista, junto a la neoburguesía enquistada en la burocracia estatal, para sumar todos un enorme cincuenta por ciento más uno o algunos puntos más, pero nunca más, según la tendencia de las preferencias ciudadanas, a los pasados dos tercios con los que, desde enero del 2010, manejó el poder omnímodo en el país.

Las utilidades de los banqueros a junio de este año, de 176 millones de dólares, crecieron en 7,9 % sobre las logradas el 2010 que fueron 162 millones, se reportó oficialmente al tiempo que la fiscalizadora del sector (ASFI) reconvino que el Estado tiene que poner freno a los abusos que pueda haber del sistema financiero cuando se excedan los márgenes de tasas pasivas y activas.

A la cabeza de Franklin Durán, los choferes por su lado esperan medrar, con “tarifazos”, de la nueva legislación que entraña un doble retroceso legal, a decir del ex superintendente Jorge Auza: la usurpación de las competencias exclusivas de los municipios y las alzas desacordes a la realidad nacional. “Está bien que los transportistas reclamen por el costo de operaciones, pero de ahí a fijar tarifas cada año es muy peligroso para la población”, sopesó Auza en un escenario donde los choferes tienden a convertirse en la punta de lanza masistas contra los municipios y las juntas vecinales.

¿Ni asentamientos ni gasolinazo?

Las declaraciones del presidente de YPFB Carlos Villegas, en sentido de que no habrá gasolinazo, parecen tomarse como un anuncio al revés, tal es la desconfianza en la palabra oficial, que no alcanza a despejar las dudas en torno a que se evitará los asentamientos de cocaleros en el territorio y parque nacional del Isiboro Sécure, según promesas lanzadas desde Palacio Quemado.

Así, “el proceso de cambio está corriendo el grave riesgo de agotarse”, advirtió en una entrevista con Emma Gascó y Martín Cúneo, el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, uno de los disidentes masistas, mientras arrecian en Yapacaní las presiones de los pequeños productores contra la ministra Nemesia Achacollo, que, entre otras contingencias, se defiende de acusaciones de favorecer a los grandes y medianos terratenientes, y de mantener presuntos nexos, en meses pasado, con un abogado y su grupo que fraguaban irregularmente el saneamiento de títulos de propiedad de la tierra.

Almaraz fue claro en las críticas a la reconducción de la Reforma agraria. Dio cuenta, al mismo tiempo de una “enorme dificultad de aterrizar en procesos productivos concretos”, no obstante que hay fondos como el acumulado por un porcentaje del impuesto a los hidrocarburos que le corresponde al sector indígena. “La plata acumulada ya ha superado los 150 millones de dólares y no la pueden gastar”.

Tendidas las semejanzas respecto de la revolución del 52, Almaraz concluye que en un primer momento revolucionario, hace casi 60 años se redistribuyó toda la tierra hacendada, se nacionalizaron las minas y se viabilizó el voto a indios y mujeres, pero después, “la revolución fue derrotada por dentro y las conquistas pasaron a ser, por ejemplo, darles motos a los policías, uniformes”, ironizó.

“Está pasando lo mismo ahora, cuando los logros son kilómetros de carreteras, empresas estatales, conexiones telefónicas…todas esas cosas son necesarias, pero para eso no era necesario que mueran los compañeros en El Alto, ni en los bloqueos de caminos, no era necesario hacer una revolución, eso lo podría haber hecho Sánchez de Lozada o Jaime Paz Zamora. Con el neoliberalismo, crecimiento económico también hubiera habido”.

De manera que el proceso está “corriendo el grave riesgo de agotarse no en un horizonte verdaderamente transformador, sino en una restitución del capitalismo del Estado”, señaló.

No fue para eso “por lo que hemos luchado a lo largo de las últimas dos décadas contra el Estado… no es para tener ingenios azucareros de propiedad estatal; para que el Estado se vuelva un nuevo terrateniente en el agro; que tengamos un YPFB subordinado a las trasnacionales, para que la gente tenga que seguir subvencionando a las trasnacionales para que produzcan gasolina y diesel”.

MAS para los cocaleros

El Plan Nacional de Desarrollo delimitó la participación del Estado sólo en lo estratégico: hidrocarburos, minería y electricidad. Pero el gobierno extendió lo “estratégico” al sector de alimentos con la creación de Emapa. Sin embargo se emprendieron varios proyectos como el caso de papeles y cartones, plantas industrializadoras de leche, jugos de frutas, cemento, vidrio, aceite, etc., reflexiona el ex presidente del Banco Central, Gabriel Loza.

“Con objeto de dar señales claras a los actores de la economía plural, debería reglamentarse el sector estratégico y el principio de necesidad estatal y necesidad pública. Esto permitirá la delimitación del papel del Estado y el rol que desarrollará en en su articulación con el sector privado nacional y extranjero”, sugiere Loza.

Su propuesta, como muchas otras, “hechas desde adentro” puede que se canse de hacerle cosquillas al Gabinete, que parece agitarse más por otras, algunas de aire electoral, como la nueva Ley Agraria, promovida por la Confederación campesina y alentada por el Presidente, que podría aprobarse hasta el 12 de octubre, cuatro días antes de los comicios judiciales, con un evidente gancho proselitista: beneficiar a campesinos y colonizadores, incluidos los cocaleros, con la titularización de tierras en forma individual –ya no comunitaria– y hasta en una cantidad de 500 hectáreas, según festejan dirigentas de “las bartolinas.

Roberto Coarite, líder del sector campesino observa que los indígenas recibieron mucha más tierra. En sustitución de la Reforma Agraria, la nueva norma debe, primero, autorizar los asentamientos y posteriormente acelerar el saneamiento de esas propiedades, proclama. “Tiene que dictarse los asentamientos inmediatos y su pronta regularización”.

Son los tiempos del gobierno de las masas, generando al parecer más argumentos para que la derrotada derecha y sus extremos, se reafirmen en la idea de que siempre tuvieron la razón al sostener que los regímenes de izquierda, de movimientos sociales no sirven para gobernar ni para crear riqueza, sólo para distribuirla, a veces, entre todos. Los parlamentarios Fidel Surco e Isaac Ávalos condenan que “unos cuantos indígenas concentren miles hectáreas”, aunque el propósito es recortar los territorios de propiedad colectiva, y redistribuirlos como propiedades individuales que se puedan heredar, comercializar e hipotecar. Son los aprestos para anular la reconducción comunitaria para convertirla en “Ley de Reconducción Individual”, allanando el camino hacia la mercantilización de la tierra, dicen observadores. En el Congreso, el vicepresidente difunde su nueva obra: “El ONGeismo, la enfermedad infantil de la derecha”.

¿El 2014 sin Evo?

Una “sexta debilidad” fue advertida por algunos analistas en torno al mensaje presidencial durante el 182 aniversario patrio: la posibilidad –insólita, quizá remota, pero opción al fin– de que el Presidente deje el mando y no encabece la reelección en la campaña del 2014. “Después de Presidente no hay más; es de retornar al chaco, a la tierra y aportar trabajando produciendo algo”, dijo el también jefe del MAS y líder de los cocaleros.

Durante un coloquio sobre el futuro de Santa Cruz, promovido por el diario cruceño El Deber, la politóloga Helena Argirakis advirtió igualmente que “el MAS se presta a participar de las elecciones de 2014 sin el presidente Morales. Según ella, los masistas cuentan con un proyecto de renovación de cuadros, situación que no existe en Santa Cruz”.

“Por mí, me fuera en este momento”, reiteró Morales: “qué más tengo, no tengo nada y no perjudica nada a Evo Morales, pero económicamente peor todavía, no tengo ninguna misión económica, personal ni familiar… entonces en vano se preocupan por desgastar al indio, desgastar a Evo, por desgastar a este proceso, para parar este proceso, este proceso no es de Evo Morales, es de los movimientos sociales, pueden afectar al Evo Morales pero no van a parar a los movimientos sociales”.

* Fuente: Revista IN, agosto del 2011

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