Instituciones, una crisis grave


COLUMNA VERTEBRAL

Carlos D. Mesa Gisbert
La Paz domingo, 31 de mayo de 2015
PAGINA SIETE – OPINION

Uno de los mayores desafíos de un proceso político aupado por el voto popular sobre un concepto trascendente, “cambio”, es el de, en efecto, transformar estructuralmente la sociedad que escogió nuevos gobernantes con el mandato de llevar adelante transformaciones que terminen definitivamente con las rémoras del pasado, que impiden cualquier modificación del statu quo existente.
Eso es exactamente lo que ocurrió en diciembre de 2005. El 54% de los bolivianos le dio su voto a Evo Morales para que cambiara el país. Los ciudadanos ratificaron esa responsabilidad en 2009, con el 64% de los votos, y en 2014, con el 61%. Han pasado más de nueve años desde su primera elección y una de las mayores debilidades del partido de gobierno – que no puede hoy seguir achacando al pasado los problemas que no sólo no ha resuelto, sino que ha agravado en este tiempo – tiene que ver con algunas instituciones fundamentales del país.
La vieja premisa de que no hay democracia verdadera sin justicia, una realidad que debilitó hasta su implosión la propuesta democrática de 1982, era el mayor desafío institucional del nuevo gobierno. El MAS partió de la idea, en una lógica maximalista de la democracia participativa, de que la solución estaba en barrer el viejo edificio a través de una elección por voto popular de toda la cúpula judicial, pero contaminó ese mecanismo -ya de si debatible- con una “pre selección” que tiñó de color partidario a la gran mayoría de los candidatos, con el agravante de que la primacía de las simpatías políticas fue en desmedro de la calidad profesional.
El resultado fue devastador. Los votantes le dieron una respuesta contundente al poder: 60% de votos nulos y blancos. En vez de anular la elección las autoridades se empeñaron en legitimar lo espurio y posesionaron a los “elegidos”. El resultado, a casi cuatro años de distancia, es catastrófico: el Órgano Judicial está peor -si cabe- que lo mal que ya estaba desde sus raíces, antes de la llegada de Morales a la presidencia. A la parcialidad y a la corrupción se sumó la falta de idoneidad.
El caso de la Policía, otra institución basal de nuestra vida en sociedad, es parecido. Venía ya muy mal del pasado inmediato. Mala formación, bajos salarios, politización extrema de la jerarquía, vínculos con el narcotráfico y una corrupción institucionalizada, llevaron a la Policía a los tumbos en los que se mezcló la absoluta inestabilidad administrativa (el Presidente ha tenido que cambiar a más de un comandante por año de gobierno) con su evidente ingobernabilidad.
La desconfianza del jefe del Estado en la Policía es tal que retiró a esta de su custodia personal. Si el Presidente no confía su seguridad a los policías, ¿por qué debería confiar en ellos la población? El escándalo Belaunde, a pesar de su desenlace, es un indicador de que las cosas no van bien.
Lo que preocupa es que el paso de los años no modifica situaciones como éstas, o los amotinamientos periódicos, o la sensación cada vez mayor de inermidad de la población ante la creciente inseguridad ciudadana y el aumento vertiginoso de la criminalidad.
El caso del Tribunal Supremo Electoral es diferente. La antigua Corte Electoral había sido uno de los éxitos de la democracia del 82. Desde 1992 hasta 2005 la Corte gozó de un merecido respeto de los bolivianos y demostró en la primera elección del presidente Morales su absoluta transparencia, independencia y credibilidad. A despecho de ello, el Ejecutivo fue tomando control de la institución en una nueva combinación de funcionarios (salvo honrosas excepciones) con militancia, simpatías o dependencia de la influencia del Gobierno, hasta desnaturalizar completamente su tarea.
Irónicamente, cuando la CPE considera al Tribunal Electoral como un Órgano del Estado con igual jerarquía que los otros tres, sus autoridades nos recuerdan mucho más a la llamada “banda de los cuatro” que a cortes presididas por notables, como Huáscar Cajías o Salvador Romero B.
Después de los desaguisados de la última elección subnacional, con situaciones tan increíbles como lo ocurrido en el departamento de Beni o con interpretaciones como las de Chuquisaca, se pone en evidencia lo que todos sabíamos: que sus componentes no hacen honor a su responsabilidad. El Gobierno pide hoy la renuncia de sus integrantes, sí, una vez que los resultados de las elecciones se han consolidado completamente.
Vivimos una aguda crisis que no puede resolverse con parches. Es tiempo de abrir vasos comunicantes entre Gobierno y oposición, es tiempo de convocar a los mejores para discutir las respuestas que requieren estos problemas. Dos de ellos muy graves y de difícil resolución: la justicia y la Policía. No caben respuestas de circunstancia y cálculos de corto plazo para “pasar el bache”.
Contamos con personalidades especializadas que pueden contribuir a encontrar caminos que nos saquen de este agujero negro en temas que son medulares para Bolivia ¿Porqué no ensayar con espíritu democrático un trabajo compartido por todos?

Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.

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